El Congreso de los Diputados ha aprobado por 172 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones, “la obligación de contar con un régimen sancionador en materia de morosidad para mejorar la liquidez y competitividad de pymes y autónomos”. El documento que ha pasado la votación ha sido elaborado por la Comisión de Reconstrucción Económica y Social. Con ello, por primera vez en España, se sancionará de manera efectiva la morosidad empresarial.
El contexto en el que se ha aprobado esta medida es importante, ya que, entre los requisitos que exige la Unión Europea a España para empezar a percibir los fondos de reconstrucción para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19, se encuentra contar con un sistema de pagos a terceros ágil y resolutivo.
Esta es una medida que muchos empresarios llevan años persiguiendo: sancionar tanto a administraciones públicas como a otras entidades que se retrasen en el pago de facturas.
El documento plantea sanciones para incrementar la liquidez de pymes y autónomos. También se prevé crear mecanismos para que las administraciones públicas cumplan con los plazos de pago tanto a proveedores como a suministradores.
Se espera que, si se mantiene el consenso político amplio, se pueda tener una normativa aprobada en el mes de agosto.
La morosidad empresarial repunta
Esta noticia se ha conocido a la vez que los grandes bancos se preparan para un aumento de la morosidad por la crisis de la COVID-19. Las grandes entidades han aumentado sus dotaciones hasta en 11.000 millones
Esto se debe a que la cantidad ingente de dinero que se ha facilitado en ayuda – aunque haya mantenido a muchas empresas a flote- supone que, cuando llegue el momento de realizar la devolución en unos meses, se espera que muchas no puedan hacer frente a esta obligación.
Se espera que este repunte de la morosidad se produzca entre finales de este año y principios del próximo, todo dependiendo de la evolución de la pandemia y la necesidad de decretar un segundo confinamiento en otoño.
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