El Gobierno aprobó este invierne la ley antidesahucios para frenar la expulsión de las viviendas de la población vulnerable. La modificación de la normativa exige violencia e intimidación para proceder al desalojo durante el estado de alarma que, si bien, no se ha prorrogado, podría volver en cualquier momento mientras dure la pandemia.
Esta modificación se hace sobre la propia propuesta que había realizado el gobierno a finales de 2020 y está pensada para aquellos okupas que hayan entrado en una propiedad sin usar violencia e intimidación. Hasta ahora, la sola entrada o permanencia en la vivienda era constitutiva de delito. La excepción se produce en viviendas de titularidad pública, donde sí se producirán los desahucios «si ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione dicha vivienda».
Novedades de la ley antidesahucios
Además, otra de las novedades aprobadas es la compensación económica a grandes tenedores de vivienda una vez hayan transcurrido tres meses sin que las administraciones hayan proporcionado una alternativa habitacional a los okupas. Esto se hace para compensar la imposibilidad de echarlos de los hogares. Eso sí, se ha establecido que estas compensaciones se abonen únicamente en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico, quedando excluidos así los propietarios que tuvieran viviendas vacías.
Una de las mejores formas de evitar disgustos a la hora de alquilar un piso es exigir a los inquilinos un informe de solvencia. Así, los propietarios se cercioran de que aquellos a los que arriendan el piso no tienen deudas sin pagar. Los informes de solvencia Ibercheck te detallan si un particular está dentro de las listas de morosos, desde cuando, las cantidades a deber y quién es el acreedor. Con toda esta información, el dueño del piso podrá sopesar con conocimiento de causa si un potencial inquilino es adecuado para alquilarle el piso.
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